El Partido Popular se escuda en el Estado de Derecho para obviar el más elemental de todos los derechos democráticos: el derecho al voto de las personas, el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas a expresarse libremente en las urnas.

Se refugian en la legalidad, cuando y como les interesa, para camuflar su nula capacidad de gestión de la situación catalana. Los errores se han ido sucediendo. Detenciones de representantes públicos amenazados con la imposición de multas diarias; el envío de 6.000 policías para velar por aquello que luego ordenan ejecutar a los Mossos d´Esquadra; registros policiales en sedes de partidos políticos; órdenes de cierres de colegios, en definitiva, recomendaciones, con tinte amenazante, a quien se desmarque de la sacrosanta unidad territorial.

Eso sí, apelan a un diálogo malentendido en el que el gobierno Puigdemont está obligado a acatar mientras que el gobierno Rajoy se limita, como martillo pilón en una estrategia acción-reacción,  a dictar órdenes que suponen resumir a su mínima expresión la autonomía catalana.

Van más allá, elevan el tono a tal punto que la fractura social es tan visible como preocupante. No para dividir al pueblo catalán sino generar un Cataluña versus España que alimentan con campañas en redes sociales en las que agitan, aún más, unas aguas revueltas como se pudo comprobar con el “a por ellos” que proclamaban quienes despedían desde Andalucía a los números policiales destinados a la jornada del 1-O. ¿A por ellos? ¿Pero adónde van? ¿A la guerra?

En aras a la responsabilidad pública y política que el PP ignora, EAJ-PNV ha expresado su voluntad mediadora a la búsqueda de una solución justa y democrática que suponga una salida a esta situación de enroque. La suma de la defensa de los intereses de Euskadi y la búsqueda de una solución para Catalunya se convierte en una prioridad para EAJ-PNV que reconoce el derecho que asiste a la sociedad catalana de decidir libremente su propio futuro.

Así lo deben entender en Madrid. Como deben entender que la resolución del tema catalán es condición sine qua non para sentarse en una mesa a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Somos claros. De la misma manera que debe quedar claro que lo acordado para 2017 es de obligado cumplimiento.