Vaya por delante el reconocimiento del derecho que asiste a cualquier colectivo de trabajadores y trabajadoras a realizar las reivindicaciones laborales que consideren oportunas. El objeto de este comentario no está en el qué sino en el cómo.

En los últimos días se ha podido constatar que los agentes de la policía municipal de Vitoria-Gasteiz pulen a diario talonarios de multas con mayor agilidad, gracia y rapidez que la empleada por “la Comaneci” en sus dobles saltos mortales de espalda sobre las asimétricas.

Lo llaman huelga de celo. Celo que no aplican al conjunto de las funciones atribuidas al cuerpo de la Policía Municipal. Celo que focalizan en una actuación en exclusiva: multar las infracciones de vehículos y peatones, por intrascendentes que éstas sean, a precio de caviar iraní en alguna de las ocasiones. 500€ por circular en bicicleta en sentido contrario o 200€ por cruzar de un lado a otro de la calle a pie fuera del paso de cebra no son cifras baladí. Cuestionable, si la medida no tiene la vocación finalista de acabar, por una cuestión de seguridad vial, con esa arraigada costumbre gasteiztarra  de atravesar la calle por donde a uno le viene en gana. Inadecuada, si la medida adoptada por la autoridad utiliza, de manera perversa, la figura del ciudadano al aplicar a rajatabla las normativas municipales como medida de protesta laboral que debiera de canalizarse en una mesa negociadora.

Los ciudadanos nos hemos convertido en arma arrojadiza dentro un conflicto laboral municipal que no es nuevo. Se gestó durante la época Maroto para estallarle ahora al gabinete Urtaran. Un alcalde que pasa por ser convocante de la primera OPE de policías municipales tras seis años de vacío. Un alcalde que tiene prevista una segunda convocatoria de empleo público que permitirá reforzar la plantilla de la Policía Municipal y reducir su tasa de temporalidad. Eso sí,  como ocurre con la Ertzaintza o con el colectivo de profesionales de la medicina, esas ofertas de empleo están supeditadas en número al criterio de jubilaciones que marque el gobierno de Madrid por decreto.

Las medidas de presión por las que ha optado la plantilla de la Policía Municipal en Gasteiz suponen además una quiebra de la confianza mutua que cualquier servidor público debe generar, asentar y conservar con la sociedad. El exponencial incremento  del número de denuncias interpuestas durante la huelga de celo puede plantear muchos interrogantes sobre la actuación de los y las agentes en el quehacer diario cotidiano. Y seguro que muchos de ellos no se lo merecen. Como a cualquier otro agente policial el celo se les supone los 365 días del año con la misma intensidad y en todas sus funciones.