Lo que días atrás fue el tema estrella de conversaciones ligeras y despreocupadas se ha convertido en fuente de zozobra social ante una situación del todo inusual que plantea incógnitas. En la paleta cromática el coronavirus se ha pasado del gris más claro al negro zaíno en poco más de una semana.

El miedo es libre pero, desde una mínima perspectiva racional, de nada sirve caer en las redes de una alarma social que no brinda soluciones sino sensaciones. Tenemos un sistema público de salud de calidad que siempre ha ofrecido y sigue ofreciendo garantías. No es una opinión. Es un hecho constatable y reconocido. 

Siguiendo las recomendaciones técnicas unas coordinadas instituciones vascas, en alerta desde el minuto cero, están adoptando una serie de medidas excepcionales, como excepcional es la situación. Medidas generales y medidas extraordinarias para aquellos focos donde el COVID-19 está mostrando con mayor crudeza su fortaleza para el contagio. Nos hemos lanzado a una batalla abierta para contener su expansión pese a las  molestias que puedan generar las justificadas prohibiciones impuestas. 

No pretendo minusvalorar la situación, todo lo contrario. Se tiene muy presente tanto la evolución del virus en otros países como las medidas que han resultado más efectivas para poner freno a su expansión y para activar su combate de manera práctica. En base a esa experiencia, se considera que estamos a las puertas de afrontar el pico epidemiológico del contagio por lo que podríamos estar abocados al refuerzo de las restricciones. 

A nivel individual y a nivel colectivo debemos asumir un compromiso en una cuestión de salud pública como ésta en la que, además, existen diferentes niveles de vulnerabilidad. Dicho de otra manera: que cada uno aporte su grano de arena por el bien común. Y en lo de aportar, aprovecho para expresar mi reconocimiento al personal sanitario que cada día se bate el cobre en los hospitales al cuidado de las personas contagiadas sin descuidar al resto de los y las enfermas.

Incido también en eso del bien común desde una doble vertiente. La primera, se ha hablado mucho del papel de los medios de comunicación en esta crisis sanitaria circunscrito al ámbito de la  información –insisto, información- y sin caer en la tentación de abonar el terreno del alarmismo. La segunda, este es un problema sanitario que debe abordarse desde la sanidad, no desde la política. Varios partidos políticos se han dejado arrastrar por su práctica habitual de hacer oposición que, en ocasiones, traspasa la línea roja del carroñerismo político. Así ha resultado cuando menos patético oír a Pablo Casado (PP), criticar al Gobierno Vasco, acusándole de falta de actuación, cuando él mismo es el presidente del partido político que gobierna la Comunidad Autónoma de Madrid, donde viven la mitad de las personas infectadas por coronavirus en todo el Estado. Y como segunda aportación, el presidente de los populares reclama la suspensión de las elecciones vascas previstas para el 5 de abril. Idea que comparte con Arnaldo Otegi. Parece que a ambos les ha hecho falta más de dos semanas para percibir la urgencia de la situación. El mismo tiempo que el Gobierno Vasco lleva trabajando para gestionar las dificultades que se han presentado en Euskadi en los últimos meses. A diferencia de Casado y Otegi, el Lehendakari Urkullu no está en clave de “campaña electoral”. De hecho, ha suspendido actos de precampaña para preparar los encuentros interinstitucionales de coordinación en la lucha contra el coronavirus que preside desde el inicio de la crisis.

Ayer mismo el Lehendakari Urkullu hacía pública la dotación de un fondo de urgencia de 300 millones de euros para paliar el impacto de la crisis sanitaria en el ámbito de la educación, de la sanidad, de las familias y de las empresas. El Gobierno Vasco mantiene como prioridad velar por la salud de las personas. Sin embargo, prepara la economía vasca ante un posible impacto de la situación sanitaria en caso de que ésta dure en el tiempo e intensifique su afección. Y lo hace en contacto directo con los agentes económicos y sociales.

Confianza en el sistema sanitario y colaboración para frenar el coronavirus. No es política, es salud pública.