No puedo dejar de compartir el malestar estomacal que me produjo la amplia sonrisa de Cristiano Ronaldo a su salida de los juzgados tras ser condenado por fraude fiscal a dos años de cárcel y al pago de una multa de 19 millones de euros. Parece que ni la cárcel ni siquiera el pago de la multa hará mella en el futbolista luso. Su paseo por la escalinata  de la Audiencia Provincial de Madrid generó similar expectación a la que hubiera provocado su paso por la alfombra roja de cualquier gala deportiva internacional con exigida parada en photocall. Ni el hecho de haber asumido el delito ni la cuantía de la multa, que deja entrever el volumen de la cantidad defraudada, evitaron la concentración de un buen número de seguidores, incluidos aquellos “insensibles con lo público” que reclamaban un autógrafo a la estrella del balompié.

SIETE millones de euros son el “pellizco” que provocará en la hacienda alavesa la norma aprobada en Juntas Generales, con la autoría de la escisión de Podemos y el apoyo de PP y EHBildu. La nueva normativa incrementa de 12.000 a 16.800€ los ingresos tope para hacer la declaración de la renta, elimina las deducciones fiscales para sustituirlas por ayudas directas a las personas mayores de 65 años  y a las familias que aumenten su número con recién nacidos, según ingresos.

Sólo con rascar levemente su superficie, afloran los déficits de esta norma que tanto EHBildu como PP se afanaron en criticar una semana antes; unos, proclamando que con la recaudación no se juega; y otros, al no estar muy convencidos de reemplazar deducciones por ayudas directas.

El “siete” que se va a hacer en la mitad las declaraciones de personas mayores de 65 años causa el sonrojo de quienes nos tomamos la política con responsabilidad y rigor, sobre todo, si tienen afección directa a la cartera de los ciudadanos. Los responsables forales de las cuentas públicas ya han cuantificado que la mitad de las personas mayores de 65 años perderán en cuatro años las deducciones que ahora estaban aplicándose en sus declaraciones. Y, de ésos, sólo la mitad podrán acceder a las ayudas directas que han aprobado PP, EHBildu y Orain Araba. Para la otra mitad no estarán a su alcance perdiendo una media de 340€ anuales si superan los 65 años y 622€ si alcanzan 75.

¡Vaya panes! Ahí no queda la cosa. En ese hurgar en el fondo de la norma, nos encontramos con que la normativa aprobada supone un torpedo en la línea de flotación de armonización de las haciendas vascas,  pilar de nuestro sistema fiscal. Un sistema sobre el que descansan todas las políticas públicas; desde la financiación de la sanidad y la educación hasta la construcción de carreteras o el mantenimiento de las ayudas sociales.

Cuesta entender que la cercanía de las elecciones enturbie el sentido común de determinadas formaciones políticas al punto de unir fuerzas para decidir en contra… ¿de quién? Evidentemente del ciudadano que, a la postre, es el elector.

Me contaron que, con la aprobación de la nueva normativa, de una garganta popular salió un “que se jodan”. Sin duda, esta expresión iba dirigida al equipo de gobierno foral por la derrota sufrida en las Juntas Generales. Pero, analizando las repercusiones de lo aprobado, está claro que los paganos van a ser un importante número de ciudadanos y ciudadanas alavesas.