Uno de mis vecinos utiliza su tono más áspero para calificar de “politiquilla” aquellas actuaciones de gestores institucionales en las que prima el interés por hacerse con un puñado de votos sobre la consecución del bien común. 

La excepcionalidad de una pandemia global de tremendas consecuencias en lo social y en lo económico ni puede ni debe servir de justificación para convertir a la Comunidad Autónoma de Madrid en el epicentro de una batalla política que ha dejado minado el suelo por el que transitan los y las madrileñas de a pie.

Avalada por el máximo responsable del PP, Isabel Díaz Ayuso está jugando en solitario un partido de dobles contra el presidente español del PSOE (obvio) y, de rebote, contra la formación política que sirvió a los populares para auparse a las principales instituciones madrileñas y que ocupa su mismo espacio electoral. 

En este set la presidenta de la Comunidad de Madrid ha perdido el servicio por propia incongruencia y una arriesgada irresponsabilidad. Porque imprudencia ha sido parchear y demorar en extremo la toma de unas decisiones inaplazables ante el palpable riesgo de que la situación sanitaria madrileña haga crack, más pronto que tarde. En medio, las y los ciudadanos asisten perplejos, cuando no cabreados, a ese pim-pam-pum político en el que se reconocen como la parte perjudicada. 

Madrid se ha convertido en la zona cero de la Covid-19. Desde un principio, y más en  esta segunda ola, encabeza las cifras de contagio y los índices de ocupación de camas hospitalarias en planta y en UCI por enfermos covid. Cierto es que a la comunidad científica le está resultando complicado encontrar el patrón del sars-cov-2. Y que cuando el virus se ceba, se ceba. Pero han conseguido reportarnos con nítida claridad la existencia de un triplete con capacidad para controlar la curva de contagios: mantener un número suficiente de rastreadores, preservar la capacidad de la atención primaria y, por último, que todos y todas asumamos responsabilidad individual en el mantenimiento de unas normas preventivas de sobra conocidas. Parece que las dos primeras, no han estado en la lista de tareas cumplidas de la popular Díaz Ayuso.

Sí lo ha estado objetar, contradecir, discrepar, rebatir,… cualquier decisión que viniera de La Moncloa malinterpretando la función social que se le supone a cualquier gobernante público. Una confrontación que incurre en contradicción. Recuerdo, allá por el mes de marzo o abril, a la presidenta madrileña exigiendo un cese del estado de alarma mientras que hace unos días reclamaba intervención del gobierno Sánchez ante una situación que se adornaba con un desusado concepto de lucha de clases. Recuerdo también sus prisas por querer subir de dos en dos los peldaños de la desescalada. Mientras en Cataluña o en Aragón retrocedían y confinaban poblaciones enteras ante los repuntes que se estaban produciendo. 

Ni el PP ni Díaz Ayuso han querido tomar decisiones firmes. Han enfangando el terreno político para que sea otro el que lo haga dándole forma de acuerdo que los días pares suscriben y los impares rechazan. Bochornoso. Por cierto, un acuerdo bilateral en el que el resto poco hemos pintado aunque su afección nos atañe de igual manera que a la Comunidad de Madrid.

Euskadi pidió poder ejercer su propia gobernanza en la lucha contra el Covid. Y lo está haciendo. La situación no es fácil pero lo está haciendo con resultados. Bajo la sombra que proyecta la incertidumbre de lo que pueda pasar en otoño e invierno, estamos siendo capaces de contener las cifras de contagios y de mantener controlada la situación hospitalaria. Con nuestros medios, con nuestras decisiones.

El virus sigue ahí y las previsiones no auguran que nos vaya a abandonar en breve. Queda mucho por hacer para seguir paliando la afección de la pandemia en la sociedad a todos los niveles.  Eso es la política y lo que fundamenta nuestra existencia como parte del ámbito político, como servidores públicos. Trabajo por y para la sociedad y, algo que parece necesario recordar, utilizando el sentido común.